Introducción
Colombia es el principal país de acogida a nivel mundial, con 2,8 millones de personas refugiadas y otras personas que necesitan protección internacional, en su mayoría procedentes de Venezuela. En un contexto de desplazamiento interno y la acogida de connacionales, el acceso a empleos dignos y formales resulta esencial para avanzar hacia la autonomía económica y fortalecer las comunidades de acogida.
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El desplazamiento forzado en el mundo se redujo por primera vez en una década. Sin embargo, las cifras continúan reflejando una realidad que demanda acciones sostenidas por parte de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.
De acuerdo con el informe anual Tendencias Globales de ACNUR, presentado este 11 de junio de 2026, alrededor de 117,8 millones de personas permanecían desplazadas por la fuerza en el mundo al finalizar 2025. Aunque el número global de personas refugiadas disminuyó un 3 %, hasta ubicarse en 41,6 millones, siete de cada diez continúan viviendo en situaciones de exilio prolongado, frecuentemente bajo condiciones económicas precarias.
Las Américas ocupan un lugar central en este panorama. La región alcanzó los 22,8 millones de personas desplazadas por la fuerza, impulsada principalmente por las situaciones de Haití, Nicaragua, el norte de Centroamérica, Colombia y Venezuela. Esto la convierte en la región con las cifras más altas de desplazamiento forzado en el mundo.
De la respuesta humanitaria a la inclusión económica
La población venezolana continúa siendo una de las comunidades desplazadas más numerosas a nivel global. El 97 % de estas personas ha sido acogido en países de América Latina y el Caribe.
Colombia desempeña un papel especialmente relevante. Con 2,8 millones de personas refugiadas y otras personas que necesitan protección internacional, en su mayoría venezolanas, el país se consolidó como el principal territorio de acogida a nivel mundial.
Los procesos de regularización implementados durante los últimos años han permitido que millones de personas accedan a servicios esenciales y tengan mayores posibilidades de vincularse al mercado laboral. Sin embargo, contar con documentación es solamente uno de los pasos necesarios para lograr una integración efectiva.
El verdadero desafío consiste en crear oportunidades de empleo formal, sostenibles y acordes con las capacidades de las personas. En este punto, las empresas tienen una responsabilidad determinante.
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Medidas urgentes a nivel nacional e internacional
Una encuesta reciente de ACNUR realizada en seis países de acogida reveló que cerca del 9% de las personas venezolanas desplazadas contempla regresar a Venezuela durante el próximo año. No obstante, casi dos tercios de las personas consultadas no tienen actualmente la intención de retornar.
Estas cifras evidencian la necesidad de apoyar los retornos voluntarios, seguros y sostenibles, pero también de fortalecer las condiciones de vida de quienes continúan construyendo un futuro en los países que los han acogido.
La inclusión laboral no debe entenderse como una solución temporal mientras las personas deciden si regresan a su país de origen. Para miles de familias, representa la posibilidad concreta de reconstruir su proyecto de vida, alcanzar una mayor estabilidad económica y aportar activamente a las comunidades en las que residen.
Como lo expresó Juan Carlos Murillo, oficial a cargo para las Américas de ACNUR: “Cuando se incluye a las personas refugiadas, estas contribuyen, las economías crecen y las comunidades se fortalecen”.
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Johan Ángel
